Bogotá cuenta con una larga tradición de planeamiento que se ha convertido en referente para el país. Se puede marcar su inicio en 1944 con el Acuerdo 21, que aprueba el “Plan de zonificación de Bogotá -Soto Bateman” enfocado en un criterio de ingeniería y desarrollo de infraestructura.

En 1947, la Ley 88 exigió a los municipios adoptar el “Plan regulador para el ordenamiento y futuro crecimiento”. En este marco, Le Corbusier formuló el “Plan director para Bogotá”, incorporando conceptos de la época como la zonificación por actividades articulada por un sistema vial robusto en sentido norte – sur, con un centro moderno para servicios y una visión moderada del crecimiento, alejado de las dinámicas migratorias. En 1957, la Oficina de Planificación Distrital elaboró el “Plan Piloto para Bogotá”, a partir de las propuestas de Le Corbusier.

Posteriormente con el Acuerdo 7 de 1979, se dieron respuestas normativas puntuales, reglamentadas en los Decretos 823 y 824 de 1980, a las dinámicas socieconómicas de la época derivadas de los procesos migratorios y la creciente demanda de vivienda. Con un modelo de desarrollo controlado, se definió un límite a la expansión y control sobre las zonas de densificación acogiendo ejemplos extranjeros que proponían multicentros conectados por ejes.

Este Plan fue actualizado en 1990 con el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá -Acuerdo 6, el cual acogió las actualizaciones normativas de la Ley 9 de 1989, en cuanto a la coordinación de las políticas nacionales y locales, en particular la de vivienda. La propuesta del modelo buscaba regular el crecimiento urbano a partir del desarrollo predio a predio.

La expedición de la Ley 388 de 1997, marcó un hito en el ordenamiento territorial del país, incorporando la ruta para la planeación del territorio a partir de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, los cuales contienen los objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas para orientar el desarrollo físico del territorio, así como los instrumentos para la gestión y financiación del mismo. Estableció además una línea de continuidad para la política pública, dónde, una vez adoptado el POT por los municipios, éste debe revisarse y ajustarse periódicamente, acorde con las dinámicas territoriales y las necesidades en materia de dotacionales, vías, vivienda y demás infraestructura de soporte.

Bogotá fue pionera en la formulación del POT. El Decreto 190 de 2004, (compilatorio de los Decretos 619 del 2000 y 469 de 2003) adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en armonía con la Constitución Política de 1991, la Ley 388 de 1997 y la Ley 99 de 1993. Este decreto formula una visión de ciudad a partir de centralidades regionales y propone una estructura de ciudad a partir de la superposición de sistemas complementarios.

A lo largo de los años, el POT de Bogotá ha sido revisado y ajustado, en tres (3) ocasiones: la primera revisión exepcional se realizó en 2013 con el Decreto 364, anulado por el Consejo de Estado, por haber sido promulgado por el alcalde de Bogotá pese a su votación negativa en el Concejo Distrital.

En 2019, se realizó una Revisión General, que también fue negada en el Concejo de Bogotá.

Por último, en 2021 se expidió el Decreto 555, que no logró ser tramitado en el Concejo Distrital dentro del plazo de 90 días previsto en la ley. El decreto incluye cambios profundos que reescriben el Modelo de Ocupación del Territorio – MOT y la norma urbana existente; sin suficiente participación ciudadana, imponiendo nuevos retos para su comprensión, reglamentación e implementación. Así como, una norma incompleta que plantea su desarrollo progresivo, en particular, a partir de la Actuaciones Estratégicas, las cuales bloquean 6.000 hectáreas de suelo desarrollable en Bogotá, hasta que sean reglamentadas por el Distrito y dentro de un plazo máximo de 6 años, que se vence en el 2027.