El documento analizó seis aspectos: Ordenamiento territorial, Infraestructura, Contratación pública, Política de Catastro, Servicios Públicos Domiciliarios, y Discrecionalidad en la orientación del Gasto
Ordenamiento territorial.
Para Probogotá y el Consejo Privado de Competitividad los postulados del PND desconocen lo establecido por la Corte Constitucional en materia de ordenamiento territorial.
Infraestructura.
El documento resalta la importancia de tener en cuenta la planificación territorial y alerta sobre los posibles riesgos que implicaría para las autoridades locales la falta de claridad en relación con la contratación de la economía popular y grupos étnicos para el desarrollo de obras públicas.
Contratación estatal.
Probogotá y el CPC recuerdan que, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional, no es propio de los planes de desarrollo incluir medidas sobre contratación estatal, sistemas de salud o régimen pensional. Sin embargo, el articulado del PND contiene múltiples disposiciones en este sentido.
Política de catastro.
Según el análisis, los artículos sobre el sistema catastral no solucionan problemas estructurales como el fortalecimiento de las capacidades catastrales de los municipios ni el desarrollo de nuevas tecnologías y mecanismos de financiación que podrían ayudar a los alcaldes a mejorar y dar celeridad en sus procesos de actualización.
Servicios públicos.
Las disposiciones del PND podrían romper con lo dispuesto en el artículo 367 de la Constitución Política y el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 toda vez que abren la posibilidad a que el Gobierno Nacional expida actos administrativos que eventualmente determinen tarifas sin contar con un análisis técnico objetivo.
Discrecionalidad en el gasto.
El documento de análisis sobre el PND alerta sobre los límites entre discrecionalidad y arbitrariedad en la asignación del gasto público. De aprobarse algunos de los artículos analizados, significaría una mayor flexibilidad para la asignación y ejecución de los recursos públicos, por lo que es necesario velar porque esta nueva discrecionalidad no derive en arbitrariedades y en el rompimiento de reglas que aseguran la sostenibilidad fiscal del país y la rendición de cuentas.
