La agenda global en materia de cambio climático ha traído nuevos retos, en especial para países en vías de desarrollo, que requieren nuevas aproximaciones conceptuales con las que deberán solventar, por un lado, su compromiso con un planeta más limpio y, por otro, sus apuestas en materia de transición de economías tradicionalmente basadas en sectores como la minería y la construcción, a unas menos contaminantes. Todo esto, sin afectar la generación de empleo y el crecimiento económico. Los ajustes ya son notorios o lo serán en el corto plazo. A manera de ilustración, la Unión Europea, uno de los principales socios comerciales de Colombia, adoptó recientemente directivas relacionadas con informes de sostenibilidad corporativa, los cuales serán obligatorios tanto para las empresas que operen en la UE como para sus subsidiarias. De no tomarse medidas estructurales que permitan adaptar las cadenas de valor a estos nuevos desafíos, estas decisiones podrían impactar la balanza comercial del país y su mercado laboral interno, en especial el de una economía como la bogotana que representa el 24% del PIB nacional.

En consecuencia, posponer la conversación sobre la transición y los empleos verdes sólo abre la posibilidad de que en un futuro cercano se profundicen desigualdades y se obstaculice el avance hacia los objetivos de cero emisiones netas para 2050 si no se implementan normativas que incentiven este tipo de empleos en diferentes sectores y para diferentes personas dentro de la fuerza de trabajo.