El reclamo de la alcaldesa por la desprotección estatal, la vida y los bienes de los bogotanos, crea la oportunidad para una alianza entre autoridades distritales, instituciones locales y ciudadanos por la seguridad y la vigencia de la ley.
El regreso de la señora alcaldesa de su periplo en el exterior trajo un nuevo tono en su vocería sobre los asuntos de seguridad y justicia. Después de un primer mes del gobierno del presidente Petro, en el que la mandataria se alineó con su visión de seguridad y paz, acogiendo de su línea de discurso en totalidad, en la última semana se ha empezado a distanciar de este.
La obstrucción del gobierno nacional a un operativo policial de restitución del orden en la localidad de Kennedy –en el cual también fue desautorizado su dispositivo de seguridad y convivencia– y la liberación de ciudadanos que atentaron contra servidores públicos y destruyeron bienes públicos, por parte de la justicia, “llenaron la copa” de la mandataria mucho antes de lo esperado por muchos.
Estos actos evidenciaron la descoordinación institucional, que se traduce en desmoralización de la fuerza pública, desconocimiento de la autoridad local y su jurisdicción legal; envalentonamiento de facciones de vándalos y, por supuesto, mayor deterioro de la confianza de los ciudadanos en la seguridad de la ciudad. Por tal razón, enfrentaron a la máxima autoridad de la ciudad a exigir la vigencia del imperio de la ley y la protección de los ciudadanos.
