Un estudio muestra aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta al votar la reforma laboral.

Alarmas sobre el no futuro por disminución en la contratación y el aumento en los recortes del empleo de los jóvenes resultan en el informe presentado por Probogotá sobre el mercado laboral en Bogotá y siete municipios de Cundinamarca, región que constituye el eje empresarial conformado por cerca de quinientas mil empresas —de las cuales el 93.7 % son micro— que generan el 80 % de los puestos de trabajo. Además, confirma la deuda pendiente con la inclusión para las mujeres, pues solo el 6 % de las empresas tiene política de cuota de género. Esta deficiencia lleva a que en varios sectores la oportunidad laboral para las mujeres sea bastante menor que para los hombres.

El estudio muestra aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso al momento de votar la reforma laboral y por el ministerio de Educación en la construcción de los cambios anunciados, que deben convocar una visión acorde con los requerimientos del mercado laboral colombiano.

La justificación de las protestas del 2019 fue el reclamo por acceso de los jóvenes a educación superior gratuita y a oportunidades para obtener ingresos. A las mujeres se les ha ilusionado con el discurso de la igualdad en la generación de ingresos.

Probogotá explica el por qué la exclusión de jóvenes y de mujeres en el mercado laboral. Se trata de fallas en la educación y en la formación para el trabajo. Muchas niñas quedan por fuera del ciclo de educación porque deben convertirse en cuidadoras en sus familias y la gran mayoría de quienes logran terminar el ciclo medio no obtienen habilidades socioemocionales, técnicas o tecnológicas requeridas por el mercado.

A los jóvenes se les reclama falta de compromiso, capacitación, destreza y responsabilidad, es por esto por lo que son los menos llamados a ser contratados y los de mayor rotación.

Está en curso en el Congreso el proyecto de reforma laboral, presentado como la oportunidad para dignificar la situación de los trabajadores, generar estabilidad y acabar con la precarización. Resulta que en Colombia las normas que rigen el trabajo son generosas en protección y beneficios para los trabajadores, que las empresas formales cumplen, pues, entre otras, la inspección y vigilancia y la aplicación de justicia los garantizan.

Lo que se echa de menos en la reforma son propuestas encaminadas a solucionar el desempleo y la informalidad, problemas que impiden el acceso a la seguridad social, llámese afiliación a riesgos laborales y cajas de compensación y pensiones (pues la salud está asegurada para todos), lo que generan desprotección y pobreza para millones de personas.

El estudio indica que los mayores costos en las empresas han llevado a ajustes que implican recorte de personal. Que más de la mitad de los empleados ha durado menos de dos años en la empresa y que un porcentaje superior quiere cambiar de ocupación, aspirando a tener un negocio o a ser independiente. Mientras tanto, la reforma, de manera desconectada con la realidad, pretende hacer más inflexible el mercado laboral y otorgar beneficios adicionales que desconocen la sostenibilidad y los riesgos que se ciernen sobre la economía a nivel global.

Cuando casi el 60 % de la población obtiene sus ingresos en la informalidad y la tasa de desempleo está en el 11,4%, siendo más grave para las mujeres, pues es del 15 % frente al 8,6 % de hombres sin trabajo, estos fenómenos deberían ser el eje de la reforma con la previsión de la necesidad de formación para el trabajo, en el que el Sena, sin lugar a dudas, juega un factor importante, pero que, además, debe involucrar el ciclo completo de educación, propuesta que ha debido liderar la ministra de Trabajo, pues su tradicional liderazgo sindical en el magisterio la legitima para comprometer a los profesores en la causa de garantizar la lucha contra la pobreza mental y material de la población.