El esquema de asociatividad municipal presentado para la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, surgió a partir de la necesidad de encontrar soluciones conjuntas a las problemáticas causadas por la falta de planificación regional en temas de movilidad, uso de suelos, abastecimiento hídrico, saneamiento básico, manejo de residuos y la regulación hídrica del Río Bogotá. Por ello, la primera parte del este análisis presenta una recopilación de los intentos que se hicieron, a lo largo de la historia, para lograr una asociación entre Bogotá y la región.

Además, expone las iniciativas de integración regional que se encuentran vigentes, así como un estudio de la Ley Orgánica 2199 de 2022, mediante la cual se expidió el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. En este punto hicimos un recuento de todo el proceso legislativo que surtió antes de pasar a sanción presidencial y de la incidencia que tuvo Probogotá Región frente a la estructuración de esta norma.

La segunda parte, se centra en caracterizar los problemas de movilidad en la región los cuales, según se evidenció, se intensificaron por carecer de una autoridad regional de movilidad. Por ello, presentamos a modo de referentes las buenas prácticas y la estructura desarrollada por varias autoridades regionales de movilidad alrededor del mundo que, sumado a un proceso metodológico de co-creación con diferentes actores regionales, permitiera formular los lineamientos necesarios para estructurar la junta directiva de la Agencia Regional de Movilidad de Bogotá- Cundinamarca (ARM). Una entidad que tendrá la misión de trabajar para dar solución a los diferentes problemas que afectan las condiciones de movilidad en la región.

Por último, y teniendo en cuenta que previamente se abordaron los principales problemas de planificación regional, el documento dedica un capítulo a diagnosticar y a formular lineamientos sobre las emisiones de gases contaminantes y la equidad de género e inclusión social en el sistema de movilidad. Sobre el primer asunto, propone –entre otros– el fortalecimiento de la infraestructura verde de la ciudad y la promoción de modos sostenibles de transporte; y sobre el segundo, señala que garantizar la participación e incidencia de las mujeres en políticas públicas de movilidad y la accesibilidad universal al transporte público son aspectos indispensables.