La matanza de 21 personas ocurrida en Uvalde – Texas, permite observar varios desafíos clave que enfrenta la sociedad y los cuerpos de seguridad para proteger a los ciudadanos en países democráticos.
La tensión entre libertades, control y disminución del riesgo se decanta en la actualidad a través de agrias discusiones de corte político, que abandonan de facto la construcción de consensos frente a herramientas para enfrentar la violencia, el crimen e incluso los comportamientos incívicos.
Tan solo unos días después de los eventos que rodearon la masacre en Texas, han quedado al descubierto fallas de seguridad que perfectamente aplican a nuestra sociedad: controles inefectivos, distancia entre ciudadanos y cuerpos de seguridad, inacción policial y poca capacidad de anticipación y prevención, son algunos ejemplos.
Sobre el control de armas, la lucha entre defensores de la tenencia libre y los prohibicionistas ha desestimado el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información como un punto de encuentro donde se ofrezcan garantías a ambas partes. A partir del monitoreo permanente a la adquisición, la tenencia y el uso de armas se puede disminuir la existencia de tenedores irresponsables, peligrosos o incapaces. Control robusto y garantía de derechos.
Esto aplica al contexto colombiano. Si bien el régimen de tenencia en Colombia en el papel es más restrictivo, el registro de tenedores puede ser peor que en EE. UU. Inventarios desactualizados, incapacidad de hacer seguimiento al uso o destino final, debilidad en el inventario nacional de armas y su relación con registros criminales, son algunos ejemplos de un control inexistente.
Trabajar en ese campo aumentaría la responsabilidad de quien adquiere un arma y ayudaría a la anticipación de eventos catastróficos por medio del cruce de información que caracteriza el usuario, la evolución de sus registros, e incluso revistas periódicas del arma y de su poseedor. Más que prohibir o liberar, es necesario un Estado con capacidad de controlar.
Por otro lado, se evidencia un distanciamiento entre ciudadanos y cuerpos de seguridad, una epidemia que ataca a las democracias. Padres de familia apresados por intentar rescatar a sus hijos, desatención de comunicaciones pidiendo auxilio, pobre lectura del contexto operacional, demuestran la pérdida de confianza entre las partes.
Cuando la relación entre la comunidad y la fuerza policial se construye sobre el reconocimiento mutuo y el desarrollo de tejido comunitario, se potencializa la prevención, el intercambio de información y la agilidad en la respuesta a emergencias y ataques.
Otro elemento clave es la inacción policial. Aún no hay muchas explicaciones sobre las razones que llevaron a que la fuerza de reacción en Uvalde se mantuviera observando mientras el atacante acababa con la vida de sus víctimas. No obstante, es posible intuir que una mezcla entre entrenamiento inadecuado, duda operativa y temor judicial son determinantes de su fracaso.
Panorama muy similar al que hoy enfrentan los organismos de seguridad en Colombia, donde la pasividad en la acción se convirtió en garantía de protección jurídica, el manoseo político ha instalado una duda operativa y el servicio especializado enfrenta desafíos considerables.
Finalmente, está la incapacidad de prevenir o anticipar hechos criminales y violentos. Holman W. Jenkins, editorialista del Wall Street Journal, llama la atención sobre este punto indicando que ¿si el rastro digital sirve para invitar a consumir productos, porque no es utilizada para emitir alertas tempranas sobre violencia y crimen?
Esta no es una idea distópica. La huella que los ciudadanos digitales dejan en cada segundo de interacción con el mundo real permite conocer sus hábitos de consumo, su estado de ánimo, necesidades y rutinas, quedando sujetos a una ingeniería del comportamiento bajo el control de las empresas tecnológicas.
El interregno que se ha creado entre la vida física y la vida virtual es un espacio abundante en información abierta y desprevenida que, con base en parámetros definidos en el marco de la ley y observando criterios de transparencia, sería la fuente más confiable para anticiparse al comportamiento de individuos peligrosos, grupos radicalizados, inclusive para comprender aquellos asuntos sobre los cuales la sociedad en su conjunto debe avanzar en acciones preventivas.
El aprovechamiento de información digital abierta también genera discusiones ásperas e irreflexivas condicionadas por palabras como violación de la libertad, espionaje o Estado opresor. Una sociedad abierta a que incidan en su comportamiento, pero opuesta a construir seguridad.
Cabría preguntarse si en el caso ataques escolares y abuso sexual en colegios en Bogotá denunciados durante las últimas semanas, no sería mejor contar con herramientas y buenas prácticas de monitoreo de información, con las cuales autoridades escolares y padres de familia pudieran cerrar espacios a la violencia y los crímenes juveniles. La escuela de Uvalde ya estaba observando conflictos intraescolares monitoreando redes sociales.
Mientras que los políticos se dedican a discutir tendencias reformistas vacías y los académicos modelos econométricos sobre supuestos perfectos para determinar el servicio de seguridad, el escenario de corto plazo para la protección de los ciudadanos empeora.
Sería mejor dedicar sus esfuerzos y conocimiento a construir consensos sobre estos asuntos prácticos que devuelvan a los ciudadanos la confianza y la seguridad.
