Los grupos armados en Colombia están desbordados, mejor financiados y la capacidad del Estado para responder está en duda. Esto incrementa la posibilidad de que la crisis del Catatumbo se repita en otras zonas del país.
Referirse a su presencia como desbordada no es una exageración. Entre 2019 y 2024, el ELN pasó de operar en 149 municipios a 232. Las disidencias de las FARC pasaron de 124 municipios a 262 y el Ejército Gaitanista de Colombia de 213 municipios a 345, consolidándose como el grupo con mayor presencia en el país. Estos tres grupos en promedio crecieron un 56 %, un reflejo del panorama de seguridad en el país.
Dicha expansión es el resultado del enorme flujo de recursos generado por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Según el último informe de Naciones Unidas, en 2023 se registraron 253.000 hectáreas de coca, alcanzando el récord histórico no solo en cultivos, sino en producción potencial –2.600 toneladas–. La cifra es grave incluso comparada con los datos del Plan Colombia en 1998: 160.000 hectáreas de coca y 700 toneladas potenciales.
Los récords también se aprecian en otras expresiones criminales. En 2024, los registros de extorsión alcanzaron 12.334: los más altos de la historia. Un delito que, además, presenta altos índices de subregistro.
Este crimen es uno de los vehículos de financiación de mayor impacto sobre la sociedad tanto por su capacidad para asustar a los ciudadanos como por las facilidades que le ofrece a los extorsionistas un mundo digitalizado. Los criminales hoy tienen más recursos para hacer daño; operan, se expanden y se abastecen de armas.
Parte de este fortalecimiento recae en la práctica más devastadora y con mayores efectos en el tiempo: el reclutamiento forzado de niños. En 2024, el reclutamiento de niños aumentó un 16 %, de 342 a 409 casos, una cifra subestimada por la falta de datos y programas de prevención. Los niños desprotegidos son arrastrados a un conflicto que roba su futuro.
La gravedad del panorama no está dada exclusivamente por el fortalecimiento del crimen, esta crece por cuenta del debilitamiento de las instituciones de seguridad, justicia y protección de los Derechos Humanos.
En 2023, el presupuesto aprobado para el sector defensa fue reducido en un 8 %, lo que representó cerca de 800.000 millones de pesos menos para funcionamiento e inversión. Además, en 2024, el Comando General de las Fuerzas Militares alertó sobre un recorte de 14 mil millones de pesos para la compra de combustible. Y, este año, las Fuerzas Militares han indicado públicamente que es insuficiente el presupuesto destinado por el gobierno para las operaciones dirigidas a recuperar la presencia institucional en el Catatumbo.
La desfinanciación de las instituciones que protegen la integridad, la vida y los derechos de los colombianos es transversal. Los recortes presupuestales a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, entre otras, dejan a las víctimas desatendidas, obstaculizan la aplicación de la ley, eliminan la posibilidad de anticiparse a crisis de seguridad y alimentan un ciclo creciente de violencia y crimen.
Mientras tanto, la seguridad urbana se deteriora dado que el debilitamiento nacional de la seguridad y la justicia no puede ser compensado en los municipios. El ejemplo más reciente se observó en Cúcuta, Ocaña y Tibú, municipalidades que acogieron 55.000 desplazados del Catatumbo sin recursos ni capacidades para hacerlo.
El debilitamiento institucional, la reducción de la capacidad de respuesta y la presencia en el territorio explican las alertas 001 y 002 de 2025 de la Defensoría del Pueblo. Estas advierten sobre posibles enfrentamientos entre grupos armados en 45 zonas del país por el control territorial y los mercados criminales.
Cada día de retraso en decisiones para revertir el debilitamiento institucional, y frenar el fortalecimiento y expansión de los grupos armados, es un día más en la consolidación de nuevas zonas del país transformadas en nuevos “Catatumbos”.
