Aunque parezca lejano el ataque, secuestro y despojo de la autoridad constitucional a la que fue sometida una unidad policial en el Caguán marca un nuevo hito en el incremento del riesgo de inestabilidad para la capital.
El país vuelve sobre senderos de inestabilidad que conducen a escenarios de supremacía criminal, violencia extrema y deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas y de DDHH, traducidas en desplazamiento forzoso, fragmentación del territorio y criminalidad.
El hito más reciente en ese camino es el asesinato del Subintendente Carlos Monroy y del campesino Reinel Arévalo, el secuestro de más de 70 personas entre civiles y policiales, así como la destrucción de un campo petrolero, a manos de una estructura de “guardias campesinas” en el Caguán.
¿Por qué son importantes los hechos de Los Pozos para la seguridad de la capital del país?
Porque estas estructuras de para-seguridad tienen alta potencialidad de convertirse en fuerzas de choque, constreñimiento y negación del imperio de la ley y las libertades individuales, ocultas tras una fachada humanitaria o de reconocimiento social, étnico y cultural.
Las guardias campesinas son organizaciones carentes de legalidad. Así lo demuestra el proyecto de ley presentado por la bancada Comunes al inicio de la legislatura, que pretende su formalización como “mecanismo de protección permanente con carácter comunitario” con funciones de orden, protección y seguridad, que pueden extenderse por voluntad propia.
Una figura con un ADN similar al de los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada –creadas en 1994 y reglamentadas en 1997–, organizaciones que podían ser creadas por cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, también denominadas CONVIVIR.
Tanto los Servicios Comunitarios como la Guardia Campesina son presentadas como una respuesta a los factores de riesgo que enfrenta una comunidad de manera directa y territorial, dado que las instituciones de seguridad no logran atender o comprender el contexto directamente.
Mientras que la justificación de las CONVIVIR era resolver la debilidad de las FFAA para darse un compás en la recuperación del orden, las guardias campesinas buscan aprovechar su debilitamiento para sacar provecho del fraccionamiento de la ley, las instituciones y el territorio.
En lo que sí son similares es en su resultado final: poderes privados territoriales sometiendo comunidades e instituciones a sus intereses políticos, económicos y sociales. Semilla fértil para suprimir derechos y someter comunidades mediante el dominio criminal.
Hay que ser de una ingenuidad extrema si se considera que una estructura securitaria desprovista de mecanismos institucionales de control, disciplina y subordinación jurídica no dará origen a organizaciones armadas con intereses privados –individuales o comunitarios– que administran su propia justicia y violencia.
Una ventana que permite ver lo anterior es el reconocimiento de jurisdicción, mando, entidad y autoridad que los ministros de interior y defensa otorgaron en Los Pozos a una organización que carece de legitimidad jurídica; mientras que funcionarios, habitantes y periodistas desde la zona reportan que la tal guardia es una fachada de una estructura ilegal criminal. Es justo eso lo que hace de este asunto de inmensa relevancia para la capital.
Si las estructuras bajo esta figura se masifican y consolidan con patente de corso de las autoridades civiles, al tiempo que se continúa debilitando e inmovilizando a las FFAA, el país asistirá a un nuevo quiebre del control territorial con efectos inmediatos en el aumento del desplazamiento forzoso, secuestro, extorsión, ajustamientos y usurpación de propiedad a la velocidad que toma el fuego en una sabana seca con un viento leve.
En la ciudad región esto se traducirá progresivamente en flujos de desplazados, ocupación de la periferia rural y el resurgimiento de corredores y espacios de dinamización de crímenes contra la vida, la libertad y la propiedad.
Mediante el constreñimiento y la violencia, las para-estructuras de seguridad despejan el territorio de ciudadanos que no son simpatizantes de su “servicio de guardia”, propiciando espacios libres para consolidar santuarios de para-legalidad en los que se limitan la jurisdicción de la Fuerza Pública y la vigencia de la ley.
Para Bogotá el Sumapaz es una zona de alta vulnerabilidad frente a un escenario de ese tipo, sin descartar áreas en todos los puntos cardinales. Desde allí, las guardias tienen el potencial de convertirse en “rectoras” de la seguridad pública y alimentaria, conectividad y sostenibilidad de la ciudad-región.
Dado lo anterior y ante su obligación de mitigar riesgos, la Alcaldía debe evaluar las capacidades instaladas para atención humanitaria con el fin de dejar información completa a quien asuma la ciudad en 2024 para atender una oleada de desplazados en caso de producirse y honrar su eslogan de Bogotá Cuidadora.
Asimismo, debe estructurar el mapa de riesgo de ruptura del territorio para diseñar y desplegar capacidades perimetrales y de control urbano que eviten la ubicación de para-estructuras de seguridad y anticipe exigencias de entidad y jurisdicción en el espacio rural-urbano de Bogotá región. Nada raro será ver bandas de tierreros con ínfulas de guardias comunitarias.
Lo ocurrido en Los Pozos es una oportunidad de oro para reflexionar sobre la violencia extrema superada, la historia del conflicto y la tragedia que causa la cesión de funciones institucionales de seguridad, protección y aplicación de la ley a actores particulares, así como para defender la institucionalidad de seguridad que la nación construyó durante 25 años.
