La cultura de la seguridad y la articulación público–privada son clave para combatir el crimen, la violencia y las incivilidades. Avanzar en ese camino es un imperativo estratégico para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.
Esta semana se desarrolla en Bogotá la XII Semana de la Seguridad Ciudadana y Justicia, un evento convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- en asocio con el Gobierno de Colombia y la Policía Nacional.
Este evento brinda la oportunidad de conocer experiencias y lecciones aprendidas sobre la gestión de la seguridad ciudadana post-pandemia en todo el hemisferio y contribuye a la conversación pública sobre la transformación policial desde visiones distantes de la vorágine de intereses y malquerencias que rodea la discusión interna.
La gestión de la seguridad en las ciudades del continente es un reto considerable dado que, a la prevalencia de delitos complejos en entornos urbanos caóticos, se sumó el declive acelerado del bienestar económico y la cohesión social por cuenta del COVID-19, con efectos directos en el fortalecimiento de la criminalidad, así como en el deterioro de las relaciones entre instituciones y ciudadanos.
Una de las dimensiones que el evento busca escrutar es el rol privado en el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Un tema natural en la discusión global sobre seguridad, pero estigmatizado en el ámbito nacional por hechos históricos que, si bien conexos, no representan la realidad de su significado.
Abordar este tema exige una definición clara de lo que significa “privados”. En ese sentido, es posible proponer dos abordajes: el del ciudadano en desarrollo de su vida individual, y el de las organizaciones que constituyen el tejido social, económico y comunitario de una ciudad.
Sobre los ciudadanos, la contribución está directamente relacionada con el concepto de cultura de seguridad, un asunto que está lejos de ser costumbre en Latinoamérica. Lo anterior, por cuenta de la incomprensión del orden y la aplicación de la ley como herramientas democráticas para cerrar espacios a la violencia, el crimen y a los abusadores sociales.
La cultura de la seguridad es un marco común que define los principios, valores, deberes, derechos, instrumentos y herramientas con las cuales el conjunto de la sociedad protege la convivencia y repele el crimen que atenta contra sus vidas e intereses.
Construir cultura de la seguridad requiere de un compromiso institucional profundo, que no ha existido ni en Colombia ni en Latinoamérica. Esto ha permitido que los actores que ven oportunidades políticas y económicas rentables en la inestabilidad impulsen una contracultura para que los ciudadanos vean a los organismos de seguridad como actores ajenos a su realidad diaria, en muchos casos distanciados por un imaginario de restricciones de derechos y amenazas a la democracia.
Desandar este camino exige rechazar el desprestigio de las instituciones de seguridad como herramienta politiquera, asimismo promover el conjunto de elementos que define la cultura de seguridad local a partir de iniciativas de construcción de confianza, transparencia, relacionamiento y rendición de cuentas dirigidas a los ciudadanos.
El segundo abordaje corresponde al aprovechamiento del tejido social, económico y comunitario de una ciudad. Esto a través de una iniciativa de movilización urbana para la seguridad, que contribuya al acercamiento de instituciones y ciudadanos para el desarrollo de un sistema de seguridad colaborativo potenciando el uso de capacidades, su proyección, despliegue y atributos de anticipación.
Algunos ejemplos de este tipo son los proyectos “London-Griffin”, “NYPD Shield” y “Vancouver-Griffin”, referentes del aprovechamiento de la cultura de seguridad construida entre los ciudadanos para la prevención del delito y la lucha contra el terrorismo.
Estos programas están dirigidos a la generación de canales de reporte de información y alertas tempranas, integración de equipos y apoyo a despliegues descentralizados. Asimismo, al desarrollo y sostenimiento permanente de estrategias de respuesta efectiva, coordinación, formación y motivación ciudadana para integrarse en el sistema.
También buscan la evaluación permanente del desempeño del sistema, compartiendo con los ciudadanos los éxitos y fracasos de esa alianza por la seguridad, en favor de una compresión real y legitima del estado de seguridad, dándole sentido y confiabilidad al esfuerzo colectivo.
En Bogotá, las empresas de seguridad privada cuentan con al menos 170.000 trabajadores equipados y desplegados en el territorio, que, sumados a iniciativas dirigidas a la interconexión de sistemas de video vigilancia privados en centros de comando y control descentralizados, pueden ser la semilla de un sistema integrado de seguridad publico- privado con los atributos anteriormente descritos.
Este sistema debe complementarse con la identificación y puesta en servicio de roles de soporte brindados por otras entidades gubernamentales, así como canales de comunicación y respuesta de doble vía con los ciudadanos, que no dejen duda sobre la efectividad del sistema.
No habrá una acción efectiva contra la violencia, el crimen y las incivilidades, mientras no se comprenda la importancia de una alianza robusta entre las instituciones y la ciudadanía.
