El hecho inaceptable de la muerte de Ordóñez se da en un procedimiento de control, con un contexto de restricción de las normas de convivencia que han sido extremadas en el marco de la pandemia.
Los hechos ocurridos durante la última semana, originados a partir de la muerte de un ciudadano en un procedimiento policial de convivencia, dejan como conclusión la necesidad de investigaciones concluyentes, la aplicación efectiva de la justicia y correctivos en todos los niveles, necesarios para disminuir el riesgo de repetición.
También obligan a ordenar la discusión pública sobre la responsabilidad política y la conducción de la seguridad en los diferentes niveles del Gobierno y, por lo tanto, a identificar las claves para la recuperación del orden, la confianza entre los actores de la sociedad y la capacidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Según el Diccionario de la lengua española, el verbo comandar se refiere al ejercicio de mando de un “ejército, una plaza, un destacamento, una flota”, y el comandante es el individuo que ejerce dicha actividad. En lo que tiene que ver con el verbo gestionar, el diccionario refiere a la administración, organización y funcionamiento de un organismo o de una situación problemática, en la que el gestor, aun sin tener el mando, cuida de bienes, negocios o intereses de otros.
La Constitución Política, en su artículo 189, otorga al presidente de la República –de manera exclusiva– el rol de “comandante supremo”, con el cual tiene la potestad única como funcionario civil de dirigir a la fuerza pública. Sobre los alcaldes, el artículo 315 les atribuye la conservación del orden público en la jurisdicción a su cargo, “de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del respectivo gobernador”, con lo cual quien es alcalde se constituye en representante del presidente de la República en el territorio e interlocutor principal entre el poder nacional, los ciudadanos y los actores involucrados en el servicio de seguridad. Es decir, cumple un rol de gestor de la seguridad como lo desarrolla el Código de Policía.
A la luz de lo anterior, quedan pocas dudas de que la alcaldesa mayor de Bogotá, por querer “comandar”, no se dio la oportunidad de “gestionar” un problema grave que afectaba a la Policía Metropolitana por cuenta de un caso particular.
El hecho inaceptable de la muerte de Ordóñez se da en un procedimiento de control, con un contexto de restricción de las normas de convivencia que han sido extremadas en el marco de la pandemia, por cuenta de una visión emanada desde la administración distrital. Dado lo anterior, ¿sería posible asegurar que la extralimitación policial es el resultado de la tensión surgida de las estrictas normas emanadas del Distrito? Creo que no. De la misma forma, es imposible sindicar a la Policía como una organización que asesina a todo aquel que no cumpla las regulaciones, normas y leyes con origen en las tres ramas del Poder Público.
Lo que sí es responsabilidad de la autoridad distrital es no haber gestionado la crisis. En un acto de piromanía épico –cuando se requería un diálogo para el esclarecimiento del hecho, el reconocimiento del rol protector policial y un ejercicio expedito de identificación de los fallos que causaron la tragedia– la alcaldesa decidió anunciar 137 casos de abuso identificados en el año y sindicar de sistematicidad a la Policía Metropolitana. Una aseveración inexplicable en una funcionaria con tan alto nivel técnico, para quien no significó nada la ponderación de estos hechos frente al total de procedimientos que se realizan incluso en un solo día.
A partir de esto vino el caos. Todos los actores sociales se sumieron en una “borrachera” de poder, resentimiento y decepción, que abrió el espectro a quienes encuentran en la destrucción de las instituciones el nicho para su consolidación política. Tuvo que haber desbarrancado tanto la mandataria, que quien dos días antes la atacaba sin tregua, se convirtió en su respaldo.
Recuperar la confianza entre instituciones y ciudadanos requiere acciones concretas, no solo simbólicas. Una mandataria que entienda su rol como gestora de seguridad podrá identificar estrategias para fortalecer unas capacidades que están debilitadas; entender a la Policía Nacional, sus roles y misiones, y anticipar factores de riesgo, brindando información oportuna a la Policía y al Gobierno nacional para conservar el orden y proteger a los ciudadanos.
No es posible entender que la señora alcaldesa desconozca la Constitución que promovió desde sus orígenes y sobre la cual ha construido su prestigio político. Pretender comandar sin haber aprendido a gestionar la seguridad es su gran error.
