Directora de la MOE

En el Twitter Space realizado este jueves en Probogotá, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, analizaron la situación de orden público que vive Colombia y la incidencia que tendría en las elecciones regionales del 29 de octubre.

“Indiscutiblemente se ha venido presentando un incremento de las acciones armadas que podrían afectar el proceso electoral. Coincidimos con la preocupación de las autoridades locales. Estamos a cinco meses de las elecciones y tenemos que planear cómo reaccionar”, explicó Barrios. Respecto a los grupos que están generando las amenazas, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos señaló que han identificado tres actores principalmente. “Estamos hablando de disidencias de las FARC, del ELN y de los Grupos Armados Organizados, GAO”.

En detalle, de acuerdo con la MOE, la mayor presencia y capacidad de acción de los GAO, es la del Clan del Golfo. “Tenemos 214 municipios identificados con presencia del Clan del Golfo, 123 municipios con el ELN y 170 municipios con disidencias. En 14 municipios hay presencia de los tres”, comentó Barrios.

Sobre este mapa de riesgos, el gobernador del Quindío también aseguró que se han detectado otras alertas preocupantes. “Hemos identificado 19 departamentos con riesgo moderado en 63 de sus municipios, y seis departamentos con riesgo alto y con 10 municipios en estado crítico como El Bagre (Antioquia), Argelia (Cauca), San José de Uré y Tierralta (Córdoba), San Andrés de Tumaco (Nariño) y Cúcuta, que es la única capital. También Tibú, Buenaventura y Jamundí”.

Otro aspecto que pone en alerta a las autoridades es que por primera vez en el mapa de riesgo aparecen ciudades principales como Medellín, algunas zonas de Bogotá, Barranquilla, Yopal, Quibdó, Santa Marta, Neiva y Cúcuta.

Además, como lo afirma el vocero de los gobernadores, “el hostigamiento ha sido para los candidatos de todos los sectores políticos, de todas las vertientes. No es un tema de rivalidades. La percepción que hay en algunos de estos lugares es de inseguridad y desconfianza frente al ejercicio de elección popular”.

Sobre Bogotá, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, sostuvo que por ser una capital y una ciudad grande tiene un número alto de hechos de violencia. De acuerdo con lo reportado desde octubre de 2022, se han presentado en la capital, 32 hechos de violencia contra liderazgos políticos, dos contra líderes comunales y cuatro contra líderes sociales.

“Hemos venido teniendo un incremento considerable de la violencia contra liderazgos políticos. Tenemos dos hechos de violencia en contra del ejercicio de las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Se han tenido amenazas colectivas a cinco congresistas y a ocho líderes sociales. Entre las zonas de especial atención está Ciudad Bolívar donde asesinaron a la presidenta de la JAL del barrio Santo Domingo. Y también está el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez”, agregó Barrios.

Respecto a lo que deben hacer las autoridades coincidieron en que además de tener claros los mapas de riesgo, se debe buscar la forma de garantizar que cualquier ciudadano que vaya a elegir o ser elegido, lo pueda hacer. “Indiscutiblemente hay que avanzar en comisiones de seguimiento municipales. Hay que hablar con los partidos políticos que tienen presencia allá y claramente con los alcaldes y gobernadores para poder fortalecer las capacidades de realización de las elecciones en estos territorios”, indicó la directora de la MOE.

Recordó que para el 2022, antes de las elecciones presidenciales se presentaron dos paros armados y aún así, se realizaron las elecciones con garantías, aceptables para un proceso democrático. Por ello, argumentó que Colombia, tiene una gran capacidad de reaccionar ante crisis en materia electoral y política. “Tenemos funcionarios públicos con amplia experiencia en el manejo de procesos electorales en condiciones de violencia”.

En ese sentido, profundizó en que se deben centrar en tres categorías de acción. La primera, garantizar que los candidatos adelanten las campañas sin ninguna restricción. La segunda, dar garantías a la sociedad civil, para que vote. Y la tercera, acompañar a los funcionarios públicos en el cumplimiento de su trabajo.

Ambos panelistas sostuvieron que para esto es necesario una articulación entre autoridades y actores políticos.

“Lo que queda, es un trabajo muy fuerte y conjunto con las autoridades nacionales. También apoyar, empoderar y fortalecer las capacidades de las gobernaciones y alcaldías donde hay mayores niveles de riesgo”, expresó Barrios. Y agregó que también se deben sostener las mesas permanentes de trabajo con las organizaciones políticas de oposición y de gobierno y con los grupos significativos de ciudadanos, “que terminan siendo en últimas el eslabón más débil de esta cadena, pues no tienen vocería en el nivel nacional, sino presencia a nivel local”.

Con este contexto concluyó que “es irresponsable asegurar que estamos ante un proceso fallido. Se tienen cinco meses para dar las garantías”. Finalmente, recordamos que las inscripciones de cédulas en la Registraduría Nacional del Estado Civil estarán habilitadas hasta el próximo 29 de agosto. Dos meses después, es decir, el 29 de octubre, se elegirán 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales de todos los municipios y ciudades del país y 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).