La ciudad enfrenta niveles altos de frustración y desesperanza en los que la población de niños, niñas y adolescentes se está asfixiando. Una actuación urgente de gobierno y privados es necesaria para prevenir el crimen y la violencia del futuro próximo.
Psicólogos en todo el mundo han llamado la atención sobre el efecto que han tenido en el clima social del regreso a la normalidad, el desajuste emocional, el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas -SPA- y las enfermedades mentales sobre el incremento de la violencia interpersonal.
En julio de 2021, organizaciones involucradas en programas juveniles y expertos en el manejo de estas poblaciones en el Reino Unido prendieron la alerta sobre el crecimiento de la violencia juvenil. La desescolarización, el confinamiento y el desempleo fueron identificados como los factores disparadores de los comportamientos violentos y criminales.
Una alerta que se repitió en muchos países al ver la evolución de los comportamientos juveniles, exacerbada por la carencia social de mecanismos para la resolución pacifica de conflictos.
Colombia no fue ajena a este fenómeno. Las jornadas de protesta social de ese año derivaron en días de violencia extrema y destrucción con una participación considerable de jóvenes, que atrapados en la emocionalidad de la protesta tomaron el control de la comunidad y llegaron a causar la muerte de personas.
De acuerdo con los registros de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ – , en 2021 la ciudad de Bogotá registró 22.359 casos de lesiones personales – 23,31% del total nacional – alcanzando niveles prepandemia. De estas, el 45,4% correspondieron a riñas, un porcentaje que en lo corrido de 2022 ha aumentado al 63,3% del total de los casos registrados.
Del total de lesiones personales en 2021 en Bogotá, el 9,2% correspondió a registros de personas en un rango de edad de 0 a 19 años, con una concentración de más del 70% en el grupo de entre 15 y 19 años. El último mes, los medios de comunicación han registrado en varias oportunidades casos de riñas con altas dosis de violencia en instituciones educativas o en entornos escolares.
En Cali un adolescente golpeó con un puño en la cara a una de sus compañeras mientras que otro grababa la violenta escena. En Pereira, el gobierno local inició un plan de trabajo para disminuir el uso de redes sociales como escenario de programación de riñas o de acoso estudiantil.
En Bogotá, padres de familia de la localidad de Ciudad Bolívar denunciaron la existencia de lugares de riñas entre adolescentes con el uso de armas blancas, bajo el auspicio de bandas criminales. Denuncias que también se han dado en las localidades de Suba y Kennedy.
En este contexto la ciudad enfrenta dos frentes de riesgo crítico. El primero, relacionado con la “pesca milagrosa” del crimen de los niños, niñas y jóvenes vulnerables para su reclutamiento y abuso. El segundo, asociado a la salud pública, en el que dolencias de salud mental, violencia intrafamiliar y consumo de SPA aumentan el riesgo que se vean.
La SDSCJ puso en marcha la estrategia de Entornos Escolares de Confianza para hacer frente a este desafío, con la cual busca garantizar seguridad y promover convivencia a partir del tratamiento de fenómenos delictivos, fuentes de riesgo y comportamientos contra la convivencia. Lo anterior, mediante acciones que incluyen el mejoramiento del espacio público, protección de la población vulnerable, generación de empleo y acceso a la justicia.
Sin embargo, no habrá éxito sin un involucramiento masivo de otros actores de la ciudad como las familias, organizaciones sociales y el sector privado. Tampoco con acciones débiles en el campo de la salud mental, la prevención y atención de consumos problemáticos de SPA, sobre los que la sociedad poco actúa.
Asimismo, es necesario mejorar las destrezas de los jóvenes para tramitar sus conflictos, respetar la ley, promover la democracia y los derechos, así como contribuir a la inclusión de todos como actores valiosos para el progreso de la ciudad.
Para lograr este involucramiento e impulsar una acción colectiva de prevención y atención de problemas de convivencia, violencia y crimen juvenil el gobierno de la ciudad debe ofrecer datos abiertos que caractericen los fenómenos que afectan a jóvenes y adolescentes. Mientras no se pongan en blanco y negro las características de estas conductas en esa población será imposible construir una respuesta colectiva.
La información recolectada por los Comités de Convivencia Escolar de las instituciones educativas, así como aquella surgida del programa de Entornos Escolares permitirían construir una completa línea base que daría luces a un sinnúmero de programas ejecutados por instituciones privadas, disminuyendo el riesgo de perder tiempo, recursos y legitimidad frente a un entorno urgido de acciones exitosas.
Una estructura fallida de relaciones sociales determina el rumbo actual de la ciudad. Rescatar a los jóvenes de las incivilidades, la violencia y el crimen es un paso determinante para la transformación de una ciudad furiosa. Y una clave para la transformación sostenible de la seguridad.
