Mientras que la ciudad está enredada en una discusión estéril sobre temas ya definidos, en el sur continúa el deterioro de la seguridad y la pérdida de libertades para ciudadanos sometidos por el crimen.
La reciente masacre de tres personas y la aparición de un decapitado en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal confirman las alertas sobre el fortalecimiento criminal en el sur de la ciudad. Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los riesgos de crimen y violencia en esas localidades. Las Alertas Tempranas 086-18, 023-19, 010-21 y 004-22 han descrito un panorama crítico para los barrios que las conforman.
De acuerdo con la Defensoría, la convergencia entre milicias del ELN y bandas criminales ha impulsado la ocurrencia de prácticas que restringen las libertades ciudadanas, ha disparado el reclutamiento forzoso y ha creado un escenario de violencia extrema contra la población civil para imponer su orden.
Hace apenas un año, esta institución indicó que los grupos criminales en el sur de la ciudad buscan posicionarse como estructura con capacidad de control territorial y comunitario, para fortalecerse en sus capacidades armadas, logísticas y económicas, a través de la consolidación de su dominio sobre los mercados de droga y otras actividades delincuenciales.
Todas las alertas incluyen a Ciudad Bolívar –Arborizadora– y San Cristóbal como núcleos de presencia criminal. Adicionalmente llaman la atención sobre el riesgo que corren mujeres, niñas y adolescentes –nacionales y migrantes– debido a la competencia por la captura de corredores de movilidad, que se traduce en violencia sexual y el desplazamiento de sus familias.
A la luz de los registros criminales, en 2022 el homicidio disminuyó respecto a 2021 en las 4 localidades del sur de la ciudad. La mayor reducción se registró en San Cristóbal (29,4%) y en Bosa (21,9%). Ciudad Bolívar y Usme registraron un 5,3% menos de asesinatos.
Aunque menores los registros, en estas localidades se concentraron 4 de cada 10 homicidios de la ciudad, convirtiéndolas en un nodo de violencia crónica. Estos asesinatos son mayoritariamente por sicariato con armas de fuego. Esto muestra con claridad la capacidad de constreñimiento a la comunidad de esas zonas por parte de las bandas criminales y por tanto, el poder que ejercen sobre ese territorio. Son Dios y ley.
En un ejercicio de verificación con fuentes locales sobre los hechos recientes, abundan los nombres de bandas y el reconocimiento del crimen como característica del clima social en esa zona de la ciudad. No obstante, frente a los determinantes de la masacre y la decapitación, nadie describe una lucha por el control territorial como en meses anteriores.
Lo anterior conduce a preguntarse si los móviles no responden entonces al ejercicio de la “disciplina” criminal que ya la ciudad observó el año anterior en las localidades del centro. Un asunto que en la práctica representa el posicionamiento de bandas criminales con capacidad de ejercer control territorial y castigar a individuos que incumplen sus códigos criminales o se niegan a someterse a estos.
Si a lo anterior se suma que en Ciudad Bolívar la extorsión conocida aumentó –al igual que en Usme–, aumentan las probabilidades de que en esa zona surja un escenario de violencia extrema -descuartizamientos y desapariciones- para desgracia de sus habitantes y vergüenza de la ciudad. A esta conclusión se llega por el tipo de delitos que aumentan y la característica de la violencia infringida. Masacres, descuartizamientos, secuestros y extorsiones son viables en territorios donde los criminales se han puesto por encima de la ley.
Una preponderancia alcanzada de la mano del expendio de drogas y un mercado amplio de consumidores, en un ambiente en el que las capacidades estatales oscilan entre la debilidad y la parálisis.
Dado este panorama, resulta fundamental que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en asocio con la Policía Metropolitana, pongan en marcha un plan para la recuperación de ese territorio y de esa forma devolverles la libertad y tranquilidad a sus habitantes. Para lograrlo, deben llamar la atención del Gobierno Nacional sobre las estructuras involucradas en la violencia criminal y homicida en el sur de la ciudad, todas con un pie puesto en el plan de Paz Total. Esto para exigir el cese al crimen y la violencia en estas zonas. Y en caso de no conseguirlo, avanzar decididamente en una campaña de desarticulación de bandas y desmantelamiento de mercados ilícitos.
Ambos escenarios requieren reforzar el despliegue operativo para bloquear el reacomodo criminal y dar confianza a los ciudadanos para cerrarles espacio social.
La Alcaldía Mayor también tiene un reto inmenso: frenar el reclutamiento forzoso, uso y utilización de menores de edad para el crimen. En ese sentido no solo la protección e integración escolar de los niños, niñas y adolescentes –importante pero insuficiente– sino también atender de una vez por todas la epidemia de consumo de drogas, violencia intrafamiliar y sexual que agobia esos territorios.
De no actuar con sentido de urgencia, los hechos recientes en Ciudad Bolívar y San Cristóbal pueden ser el abrebocas de una nueva oleada de violencia extrema, esta vez en el sur de la ciudad.
