Por: Claudia Candela – Presidente (e) Probogotá Región

Para nadie es noticia el déficit financiero que enfrenta el sistema integrado de transporte público de Bogotá (SITP), que requiere una inyección de recurso público permanente de más de 500 mil millones de pesos anuales.

Archivo El Espectador

¿Podría el costo del servicio cobrarse en su totalidad a los usuarios del transporte público vía tarifa? No. Por esta razón, y porque todo el dinero del presupuesto general del Distrito que se destina a fondear el transporte público está dejando de financiar otras necesidades colectivas prioritarias, es necesario poner a contribuir al sistema a quienes se benefician de la “descongestión” de la infraestructura vial que los usuarios del transporte público promueven: estos son los usuarios del vehículo particular. Y una forma de hacerlo es la contribución por el servicio de garajes y zonas de estacionamientos de uso público.

Este cobro, dependiendo de la zona de la ciudad, de la hora y del día de la semana, llegaría hasta 25 pesos por minuto, por máximo 3 horas. ¿Quiénes la pagarían? Muy pocos: alrededor de 220mil vehículos (exceptuando las bicicletas y las motos de menos de 125CC), que representan menos del 10% de los viajes que se hacen en Bogotá. ¿Cuánto ayudaría a financiar el transporte público? Mucho. Con una contribución promedio de 600 pesos/hora, se estima un recaudo probable de entre 180 y 200 mil millones de pesos anuales, que contribuirían de forma notoria a mejorar las condiciones de sostenibilidad financiera del sistema.

Esta medida es entonces, no solo positiva, sino necesaria; y sin embargo hay muchas preguntas que resolver. ¿Cómo garantizar que los operadores de parqueo no se queden con la contribución pagada por los usuarios? ¿Cómo evitar que la medida estimule los parqueaderos ilegales, en detrimento del sector formal? ¿Podría seguir siendo gratuito el parqueo que ofrecen algunos establecimientos comerciales? ¿Qué medidas de policía acompañarán el cobro para evitar que usuarios descomedidos invadan el espacio público para evitar su pago? Además de otras inquietudes jurídicas y operativas que los gremios interesados pondrán sobre la mesa y que esperamos sean resueltas a través de los debates en el Concejo.

Muchos y de diversos colores han sido los debates de control político reclamando a las administraciones de turno la prestación de un servicio de transporte público de más calidad, con mayores frecuencias, mejores tecnologías y menos accidentalidad. Ojalá que, ahora que se propone una fuente adicional de ingresos que lo haga posible, los Concejales se muestren más determinados a mejorar las condiciones de desplazamiento de 2.5 millones de usuarios permanentes del transporte público. ¿Qué razón tendrían para no hacerlo?

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El espectador

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